Sheinbaum sigue los pasos de AMLO: apoya la Reforma Judicial y expone a jueces que «favorecieron a criminales».
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha intensificado las críticas contra el Poder Judicial, siguiendo el modelo de confrontación utilizado por el expresidente López Obrador. La negativa de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a aceptar la reforma, que consideran una amenaza a su independencia y al equilibrio de poderes, ha llevado al gobierno federal a retomar la exposición de jueces y magistrados. En la conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó casos específicos para justificar la necesidad de la reforma, haciendo énfasis en supuestas irregularidades dentro del sistema judicial.
Rodríguez destacó las elevadas remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial, señalando que los ministros ganan 792 mil pesos anuales, los consejeros de la Judicatura más de 5.5 millones de pesos, los magistrados alrededor de 4.49 millones, y los jueces de distrito 4.05 millones de pesos. A esto, se sumaron críticas a la emisión de amparos y suspensiones contra leyes y proyectos del gobierno, como el Tren Maya, cuya construcción ha sido objeto de demandas debido a preocupaciones ambientales. Según la secretaria, estos amparos representan una resistencia injustificada contra políticas públicas prioritarias.
Otro punto abordado fue la situación de los presos que aún no han recibido sentencia, lo cual, según Rodríguez, afecta a más de 6,000 personas. Denunció que la lentitud en el sistema judicial es alarmante, con demoras que van de uno a once años para dictar sentencias. Este tema se enmarca en un contexto más amplio de críticas hacia la ineficacia del sistema judicial, que, de acuerdo con el gobierno, requiere reformas urgentes para agilizar los procesos y garantizar la justicia.
Asimismo, se mencionó el impacto del paro parcial de labores del Poder Judicial, el cual lleva dos meses en curso y ha resultado en la suspensión de más de 12,000 audiencias. Este paro ha sido calificado por el gobierno como una medida que afecta directamente a la ciudadanía, al retrasar aún más los procesos judiciales en un sistema ya sobrecargado y lento. La secretaria hizo hincapié en que estas interrupciones refuerzan la necesidad de una reforma integral que permita mayor eficiencia y transparencia.
Finalmente, el gobierno retomó la táctica de exhibir a jueces que supuestamente favorecieron a delincuentes, una práctica común durante el gobierno de López Obrador. Se mencionaron casos específicos, como el de José Alberto “N”, alias «La Kena», a quien un juez liberó a principios de 2024, y Rafael Caro Quintero, que evitó la extradición a Estados Unidos gracias a una decisión judicial en 2022. También se citaron casos de políticos de alto perfil, como Emilio Lozoya y Francisco Javier Cabeza de Vaca, que habrían recibido beneficios judiciales que, según el gobierno, cuestionan la imparcialidad y transparencia del sistema.
