El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, inició una ofensiva jurídica y administrativa para revertir el saqueo institucionalizado que dejaron gobiernos neoliberales durante más de una década, periodo en el que el estado fue utilizado como un laboratorio de corrupción financiera.
El mandatario denunció que, a través de contratos de APP y PPS, se comprometieron miles de millones de pesos del presupuesto público, recursos que debieron destinarse a mejorar la seguridad, la educación, el campo y la infraestructura carretera.
“La corrupción se institucionalizó. Usaron el poder público para saquear al estado”, afirmó.
Armenta subrayó que su gobierno no protege intereses privados ni políticos y que se actúa con estricto apego a la ley para resolver compromisos heredados que afectan las finanzas públicas. Como ejemplo, mencionó la cancelación del contrato del Museo Internacional del Barroco, que implicó un pago de 2 mil millones de pesos, pero generó un ahorro de 8 mil millones para el pueblo de Puebla.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, reveló que al iniciar la administración se detectaron 89 litigios activos que reclaman al gobierno estatal más de 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 29 ya cuentan con sentencias firmes.
También explicó que proyectos como el Centro Integral de Servicios (CIS) y la concesión de Agua de Puebla representan pasivos financieros multimillonarios que se están revisando para evitar que sigan dañando a la hacienda pública.
Finalmente, García Parra aseguró que el gobierno estatal trabaja para erradicar la deuda oculta y garantizar que los recursos públicos se destinen a la gente.
“Estamos pasando del saqueo a la reconstrucción. Puebla volverá a ser grande porque ahora el dinero público se usará para el pueblo”.
