Un trámite para obtener las escrituras de una propiedad terminó convertido en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Una familia de Huejotzingo asegura haber entregado 100 mil pesos en efectivo a una mujer que presuntamente se comprometió a realizar la gestión, pero la documentación nunca habría sido entregada.
La persona señalada es María del Rayo Rodríguez Lozano, quien, según los denunciantes, se habría presentado como abogada y habría dicho tener vínculos laborales con la Notaría Número 1 de Huejotzingo.
La investigación quedó registrada bajo la carpeta PGEP/FIR/11-004346/2026, iniciada el 14 de mayo de 2026.
El acuerdo para tramitar las escrituras
Los afectados relataron que el 25 de julio de 2025 entregaron 100 mil pesos en efectivo para que Rodríguez Lozano gestionara las escrituras de un inmueble.
El pago habría sido realizado ante testigos, entre ellos Alejandro Tapia Cortes. De acuerdo con la denuncia, la mujer habría señalado que el trámite estaría concluido aproximadamente tres meses después.
Pero el plazo transcurrió sin que los afectados recibieran las escrituras.
Posteriormente, cuando intentaron localizarla en el lugar donde presuntamente se había realizado el acuerdo, aseguran que encontraron las instalaciones cerradas y no lograron obtener información sobre su paradero.
Una relación con la Notaría que deberá aclararse
Los denunciantes también solicitaron que se investigue la relación que Rodríguez Lozano habría tenido con la Notaría Número 1 de Huejotzingo.
De acuerdo con su versión, al acudir a preguntar por ella, se les habría informado que no era trabajadora de la notaría, aunque aparentemente era conocida por acudir a realizar trámites.
Por ahora, no existe una postura pública de la Notaría Número 1 de Huejotzingo respecto a los señalamientos.
Los afectados también aseguran que Rodríguez Lozano habría presumido tener influencias dentro de la Fiscalía. Esta afirmación únicamente forma parte de los señalamientos contenidos en la denuncia y deberá ser corroborada por las autoridades.
Fiscalía investiga los hechos
La familia pidió que, además del posible daño patrimonial, se analice una posible usurpación de profesión, si se comprueba que la mujer se presentó como abogada sin contar con la autorización correspondiente.
La autoridad ministerial deberá determinar si los hechos pueden constituir algún delito y establecer las responsabilidades que correspondan.
Hasta ahora, la señalada no ha emitido públicamente una postura sobre el caso.
Los denunciantes buscan recuperar los 100 mil pesos entregados y obtener la reparación del daño, mientras la investigación continúa para esclarecer si se trató de un trámite que no pudo concretarse o de una conducta que pudiera tener consecuencias penales.
