Cinco fallecimientos y cuatro funcionarios bajo cuestionamiento por presuntos adeudos en IMSS-Bienestar Puebla
Puebla, Pue. — Cinco pacientes fallecidos, proveedores que aseguran arrastrar pagos pendientes desde 2025 y presuntas afectaciones en servicios médicos han colocado bajo escrutinio el manejo administrativo y financiero del IMSS-Bienestar en Puebla.
En medio de los señalamientos aparecen Christian Leslie García Romero, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de IMSS-Bienestar; Gladys Carmen Galaviz Sosa, titular de la Coordinación de Finanzas; Edgar César Sepúlveda Villanueva, coordinador de Planeación y Control del Abasto; y Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los cuatro funcionarios están vinculados con áreas estratégicas relacionadas con la administración de recursos públicos, finanzas, planeación y abastecimiento.
¿Los adeudos terminaron afectando la atención médica?
Proveedores han denunciado que llevan meses, e incluso desde 2025, esperando el pago de servicios que aseguran haber prestado al sistema de salud.
Entre los servicios mencionados se encuentra el de craneótomo, equipo utilizado en determinados procedimientos neuroquirúrgicos y cuya disponibilidad, según los señalamientos, habría resultado afectada por los retrasos en los pagos.
El caso toma una dimensión más delicada debido a los señalamientos relacionados con cinco pacientes fallecidos en el Hospital General del Sur y el Hospital General de Tehuacán, quienes presuntamente requerían atención especializada.
La existencia de estos casos, sin embargo, no permite por sí sola establecer una relación causal. Será necesario que las autoridades competentes determinen, mediante una investigación y evidencia médica y administrativa, si la falta o retraso de algún servicio tuvo alguna incidencia en los fallecimientos.
¿No había recursos o los pagos fueron selectivos?
Mientras algunos proveedores aseguran que continúan esperando recursos correspondientes a servicios prestados desde 2025, también han surgido cuestionamientos sobre pagos realizados a otros proveedores.
Esto coloca sobre la mesa una pregunta central:
¿Realmente no había recursos disponibles o existieron retrasos o diferencias en la liberación de los pagos?
La respuesta podría ayudar a determinar qué ocurrió con los servicios contratados y quiénes participaron en las decisiones administrativas.
Porque un adeudo puede parecer, en principio, un problema contable. Pero cuando se trata de servicios indispensables para hospitales, las consecuencias pueden trasladarse directamente a la operación médica.
Cuatro funcionarios bajo escrutinio
Los señalamientos apuntan a funcionarios cuyas áreas tienen participación en procesos relacionados con finanzas, administración, planeación y abasto.
Por ello, las preguntas ahora se concentran en determinar:
- ¿Qué proveedores tienen pagos pendientes?
- ¿Desde cuándo existen esos adeudos?
- ¿Qué recursos fueron autorizados y cuáles fueron liberados?
- ¿Qué servicios médicos pudieron verse afectados?
- ¿Existe evidencia que vincule los retrasos con alguno de los cinco fallecimientos?
- ¿Quién autorizó o detuvo los pagos?
Hasta que estas interrogantes sean respondidas mediante investigaciones formales, no puede atribuirse responsabilidad por los fallecimientos a los funcionarios señalados.
Lo que sí permanece es una serie de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la prestación de servicios médicos.
¿Dónde se detuvieron los recursos y quién tendrá que responder por las decisiones tomadas?
