El diputado Mauricio Céspedes presentó una reforma para endurecer las sanciones por detonaciones aleatorias en espacios públicos.
Una iniciativa presentada en el Congreso de Puebla busca endurecer las consecuencias para quienes realicen disparos al azar en la vía pública, al plantear que estas conductas puedan ser consideradas como tentativa de homicidio cuando representen un peligro para la vida de otras personas.
La propuesta fue presentada por el diputado Mauricio Céspedes, del PT, quien señaló que se han identificado alrededor de 20 casos de disparos aleatorios en calles de Puebla.
El legislador advirtió que las cifras podrían no reflejar la totalidad del problema, debido a que algunos hechos no llegan a ser denunciados.
Una detonación puede poner vidas en riesgo
El planteamiento parte de que disparar un arma en un espacio público representa un riesgo incluso para quienes no tienen ninguna relación con el conflicto que originó la detonación.
Una bala disparada al aire puede caer posteriormente sobre una persona, un vehículo o un inmueble, por lo que la iniciativa busca que el comportamiento sea valorado por el peligro que genera.
Como ejemplo, Céspedes mencionó los hechos registrados en la zona de la Atlixcáyotl, donde detonaciones de arma de fuego provocaron temor entre ciudadanos.
Hasta 26 años de prisión
La reforma propone que, cuando se pueda acreditar que las detonaciones fueron realizadas de manera que pusieron deliberadamente en riesgo la vida de terceros, el responsable pueda ser procesado por tentativa de homicidio.
La pena contemplada podría alcanzar 26 años de prisión, aunque el alcance definitivo dependerá del proceso legislativo y de la redacción que, en su caso, sea aprobada.
El diputado sostuvo que la intención es evitar que este tipo de hechos queden únicamente en sanciones menores y establecer consecuencias acordes con el riesgo generado.
Todavía no es una sanción vigente
La propuesta se encuentra en proceso legislativo y todavía no representa una nueva pena vigente en Puebla.
Será el Congreso local el encargado de analizarla, discutirla y determinar si procede una modificación al marco jurídico.
Más allá de la duración de la posible condena, la iniciativa abre nuevamente el debate sobre los riesgos de realizar disparos en lugares donde cualquier persona puede convertirse en una víctima.
