José Luis García Parra informó que se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y 129.7 millones durante 2024 y 2025; el Gobierno estatal promoverá la transparencia de los convenios del IEE.
Las contrataciones de materiales y servicios electorales realizadas en Puebla durante los últimos años serán revisadas por las instancias correspondientes, luego de que se expusieran presuntos vínculos entre empresas proveedoras de organismos electorales y una red de contratación señalada por posibles irregularidades.
El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que en la entidad se tienen identificados contratos por 49.4 millones de pesos correspondientes al periodo de 2014 a 2023, así como otros 129.7 millones de pesos durante 2024 y 2025.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario presentó información relacionada con una investigación sobre un grupo empresarial que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, habría operado mediante al menos seis compañías vinculadas entre sí. En conjunto, estas empresas habrían acumulado contrataciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
La cronología presentada comprende 27 años de antecedentes, desde operaciones empresariales registradas en el Estado de México en 1999 hasta adjudicaciones en diferentes entidades del país. También se mencionó un contrato de 63.7 millones de pesos en 2005, que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros.
García Parra explicó que la información fue revisada a partir de datos públicos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.
En este contexto, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las investigaciones institucionales para esclarecer los posibles actos de corrupción. Asimismo, manifestó que respetará la autonomía de las autoridades electorales y promoverá que se hagan públicos de manera integral los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que la investigación surgió de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivado de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
El Gobierno estatal también destacó que, como parte de sus acciones contra la corrupción, se han separado 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.
La administración poblana señaló que mantendrá las acciones de transparencia y rendición de cuentas rumbo a la jornada electoral del 6 de junio de 2027.
